La Bolivia de los Santos Ramírez

Los bolivianos no sólo nos negamos a crecer, a madurar con el tiempo o las experiencias pasadas; además, nos negamos a razonar sobre la coherencia, veracidad y lógica de la zartada de “explicaciones” que hacen los discurseadores, sobre hechos políticos que hacen al interés público, como es el caso del escándalo que envuelve –como una capa sarnosa– a la administración Morales estos últimos días. Me refiero a Santos Ramírez y el caso del asesinato de O’Connor D’Arlach y volteo de $us. 450 mil (Catler Uniservice – YPFB)

Bolivia cuenta con una población que en su 90%, es proclive al desorden y la ilegalidad. Un ejemplo de esta “cultura caótica” que raya en lo delincuencial, es la que le dí el otro día a un taxista, que justamente renegaba contra los políticos.

Mire –le dije– digamos que la multa por estacionarse en las aceras con franja amarilla y en doble fila (dos delitos), es de Bs. 1 (uno sólo), ¿no cree que los conductores se darían de mañas para coimear al policía con Bs. 0,50 y no pagar la miserable multa de 1 boliviano? El silencio se hizo afirmación.

Somos proclives también a mirar la paja en el ojo ajeno y hacernos de la vista gorda, o a chanflearla, o a “discursear” sobre la viga que llevamos; a contentarnos con las “explicaciones” de nuestra viga, porque la ilusión momentánea que nos ofrece, es suficiente para el siguiente discurseador que la refuerza, como la droga que llega en el momento del síndrome de la abstinencia.

Esta práctica, afirma (de asentir), consolida, fortalece y promueve ese 90% de ilegalidad como cultura boliviana; por último, ya no es una cuestión cultural, sino una cuestión de placer por la violación y la impunidad, que se acrecientan a medida que se suman responsabilidades sobre nuestras cabezas. Es posible que el ejercicio del poder –en éstas condiciones– sea algún tipo de orgasmo no clasificado por la psiquiatría.

Pero volviendo al caso policial de la semana, la Fiscalía de la República, ayer imputó a Santos Ramírez, por 6 delitos (por el caso Catler Uniservice SRL – YPFB), a saber:
1. conducta antieconómica (no favorece al patrimonio del Estado, lo perfora),
2. uso indebido de influencias (igual al ejemplo del taxista),
3. contratos lesivos al Estado (hizo perder plata a todos los “bolivianos y las bolivianas” como rimbombantemente nos llaman los onegenistas; nos hizo más pobres que ayer),
4. incumplimiento de deberes (de administrar la cosa pública; los bienes de la casa de los “bolivianos y las bolivianas”)
5. cohecho pasivo (como en el cuento del taxista, favoreció el pago de Bs. 0,50 de coima con pretensiones de quedarse con el diezmo de la coima, siendo el resultado un cuerito en el haber)
6. asociación delictuosa (con la familia de su futura ex esposa)

Recordemos que Santos Ramírez, tiene otros antecedentes:
1) Escándalos de abril de 2006, cuando Santos Ramírez siendo senador del MAS, era además accionista de la empresa Viedsa y logró un contrato para dicha empresa, ejerciendo la función de asesor del Municipio de Tinguipaya (Potosí)
2) Julio de 2006, Freddy Terceros Cortéz, ex funcionario del Congreso, apresado con 3,4 Kgs de cocaína en el Aeropuerto de El Alto, portaba una “carta de recomendación” del senador masista, para hacer gestiones institucionales a nombre del Congreso de Bolivia
3) Agosto de 2006 y el famoso caso de las visas chinas, denunciado por la propia Cancillería. El 9 de marzo, Ramírez declaró (ante el fiscal Edward Mollinedo) que su accionar fue realizado “en el marco de la ley y por promoción cultural”
4) Agosto de 2006, fue acusado por el cobro de una “cuota” obligatoria para los funcionarios del Senado, que tenía por finalidad solventar una fiesta de cumpleaños, en el Círculo de Oficiales del Ejército
5) Febrero de 2007 se vió implicado en la venta de avales públicos, tras la aparición de un recibo por $us.- 1.000 como “gestor” de un cargo en el Instituto Nacional de Estadística
6) 27 de enero de 2009, implicado en el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach y el volteo de $us. 450 mil, como una “forma de pago” por la adjudicación de la Catler Uniservice SRL con un proyecto de YPFB.

Pero lo dramático y patético de esta tragedia boliviana, no termina en el recuento de ilegalidades históricas e impunidades reforzadas por la vista gorda, por el 90% y los discurseadores que adormecen la viga, que desvian la atención sobre la paja ajena (aclaro que la paja no se refiere ni a la oposición, ni a los autonomistas porque ellos también están en esta clasificación); en realidad continúa con este “tragar” discursos y explicaciones sin que nadie reflexiones sobre significante y significado.

“Es un sopapo tapabocas a todos aquellos que han ido denigrando el actuar de nuestro Gobierno y de nuestro Presidente en este tema… Les hemos demostrado que en este Gobierno no se tapa a nadie la corrupción y el mensaje es claro: si a los nuestros los persiguimos, también a los otros, no hay un paraguasgubernamental de la corrupción” Gustavo Torrico, diputado del MAS.

3 niveles de reforzamiento de lo mencionado en líneas arriba. Difícilmente pueda ser un tapabocas, lo que no-por-celo-administrativo (Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, Superintendencia de Hidrocarburos, por mencionar algunos) se desenreda entre “escraches” y “campaña política”.

La corrupción parece que se tapa si supera los 33 camiones; a no ser que el compromiso que significan algunos de estos camiones, involucre a muy altas esferas de Gobierno y que por lo tanto, como dogma de fe, no pueden ponerse en peligro, porque haría temblar los cimientos del mito.

La persecusión o linchamiento quedaron claros; primero para las mujeres, que vienen siendo los fusibles más vulnerables de quemar (las hermanas Terán, la futura ex esposa de Ramírez) y segundo porque los que de manera grosera cobraron más de lo que la media (el 90%) asumió como “cultural”, fueron leña para ambos fuegos.

“La Superintendencia sólo tiene atribución de controlar, fiscalizar y regular el transporte de hidrocarburos, refinación, comercialización de productos derivados (combustibles) y distribución de gas por redes, el resto de las actividades no es de nuestra competencia” Guillermo Aruquipa

“Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda no tiene las facultades para ver ese tipo de gastos (de un fideicomiso), porque eso es facultad privativa de la Contraloría General de la República (CGR), es la única instancia. El Ministerio de Hacienda no tiene capacidad de fiscalización” Luís Arce Catacora

Eso tiene la burocracia: los procedimientos registrados como enunciados de la función del cargo, son funcionales en los momentos de crisis institucional, porque salen a declarar y a zafar –de manera elegante– sobre las acciones de sus funcionarios. Como Adán, que culpó a la Eva que Dios le creó, el haberle hecho comer el fruto prohibido del Edén.

Convengamos que TODOS los funcionarios de Gobierno, por su deber público (con los “bolivianos y las bolivianas”) TIENEN la OBLIGACIÓN de ser celosos de los bienes del Estado y el no denunciar actos y hechos dudosos, los hace cómplices... por flojera, pero cómplices al fin.

Los pecados son de pensamiento, palabra, obra Y OMISIÓN.