A raíz de los últimos escándalos que cada día se hacen más digeribles, un amigo y yo nos sentamos a discutir entre café y café, si aquello era abuso de poder o poder hegemónico total. Mi amigo decía que lo que estábamos viendo no sólo era una descomposición de liderazgo que permitió el copamiento de esta grosería de Gobierno: yo le contesté que si bien era cierto en parte lo que decía, había un confusión de fondo entre ejercer poder y hacer abuso de autoridad.
Largas fueron las argumentaciones de ambos y me pareció interesante y oportuno, exponer ahora las mías en éste artículo, para que justamente empecemos a hacer lo más saludable que podemos hacer en nuestro país, para no seguir de tumbo en tumbo: promover el debate.
No debemos confundir, "ejercer poder", con "abuso de autoridad"; porque el primero implica capacidad y habilidad para "hacer hacer a otro", lo que como objetivo se ha planteado; o "hacer decir a otro", lo que conviene a la construcción del real social boliviano; o "hacer desear a otro", lo que en el discurso se elabora como persuasión, para conseguir adhesión, tal y como lo explican los semiólogos modernos.
Cuando se dice "ejercer poder", se refiere a las 3 dimensiones del ejercicio del poder (acción, concepción y voluntad) descritas arriba y que tienen que ver con la capacidad de un persona, o de un grupo de personas (no importa si comparten o no un mismo color político) de:
Hacer – hacer
Hacer – decir
Hacer – desear
"Ejercer poder" es la capacidad de superponer el poder constituido (Congreso) sobre el poder constituyente (Asamblea Constituyente) Ejercer poder, es ser capaz de someternos –previamente– al caos y a la violencia, para presentarnos el acuerdo de octubre –del Congreso y Palacio Quemado– como "la salida para evitar la guerra civil". Aquí estuvieron presentes la acción, la descripción o categorización del real social boliviano a través de los discursos socializados o mediatizados y la voluntad de "concertación".
Ejercer poder es cambiar las normas vigentes, los Artículos de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), para presentar una corregida, al margen de la Asamblea Constituyente, en Oruro primero, para después cambiar otros tantos Artículos en el rimbombante Consejo de Corrección, Sintaxis y Concordancia de Palacio Quemado, para volver a cambiar –nada más, ni nada menos, que– casi 200 Artículos, en el Congreso.
Del resto, de esta "historieta" –de los rabiosos y del coro que gritó "ahora sí, guerra civil"–, se encargará el anecdotario boliviano, que llena páginas completas en los diarios y los libros sobre Bolivia.
En cambio "abuso de autoridad", es lo que burdamente hemos visto y vemos de un tiempo a esta parte; y de ésto, nadie puede alegar inocencia o ignorancia; ceguera, puede ser, porque ya no alcanza decir que el presidente Morales está capturado por su entorno, tampoco es suficiente decir que "el entorno" es el culpable del desportillamiento boliviano –"el entorno", un significante despojado de historia, con sentido cambiado, o peor, vacío de sentido–. Las responsabilidades de los gobernantes, al igual que la de los pecadores, es de pensamiento, palabra, obra y omisión.
El "abuso de poder" –si se quiere– es visible; puede ser grosero e imprudente, o sutil y seductor, pero es visible, noticiable, cronicable. "Ejercer poder" en cambio, en la superficie puede ser noticiable, pero no cronicable en lo entramado de las entrañas, porque impone memoria, lógica y racionalidad.
"Ejercer poder" es un acto que impone reflexión para detectarlo, es un acto que implica hacer manifiesta una cosa que estaba oculta; es un acto que deja ver, una cosa borrosa, en otra más visible, o más cercana: en suma es una acto de razón, un acto de voluntad racional.
Sobre el abuso de poder no daré más cuenta en este artículo, porque la prensa escrita y audiovisual, nos relata mejor y en detalle, lo grosero, lo burdo y lo innecesario del tema; revisemos más bien, y más allá del anecdotario cotidiano, lo que quedó como saldo de los movimientos del ejercicio del poder.
Lo que se mantuvo intacto desde la imposición del modelo neoliberal, hasta el pacto del Congreso y Palacio Quemado, fueron los modos de producción y las relaciones de producción neoliberales y lo que se perpetuó en el pacto del Congreso y Palacio Quemado, fue un Estado monopólico: único poder político en el país, sin posibilidad de heteronomía, ni siquiera para la sociedad civil.
El balance es curioso, porque nos jorobaron ambos: los –entre comillas– enfrentados, quienes ejercieron poder y quienes hicieron abuso de autoridad. Los primeros, que nos convencieron que el Estado era cuento de viejas, que la inmanencia del mercado neoliberal y la globalización de la economía sin Estado, lo habían dicho todo y que sólo restaba ser felices bajo esa hegemonía; y los segundos, la nueva izquierda neoliberal –que hace uso y abuso de los dispositivos de reivindicación identitaria–
Ambos, en el pacto del Congreso y Palacio Quemado de octubre de 2008, garantizaron –con los Artículos modificados– el mantenimiento y reproducción de las condiciones de producción neoliberal, en detrimento de la inclusión social que dio origen a la Asamblea Constituyente, y en detrimento de la necesidad de constituir "nación boliviana" y no "occidente – media luna". Para ambos, el abuso de poder, les fue funcional.
Otra cuestión curiosa que queda como saldo, es que hacer "abuso de autoridad" es –por sobre todo– funcional a otro que "ejerce poder", porque el abuso de poder es venal (sobornable), puede venderse o cederse a otros poderes menores; y se fundamenta en la fidelidad de esos otros poderes menores (administración, ejército, policía, movimientos sociales, unión juvenil cruceñista, paceñista, alteñista, cochabambinista, potosinista, orureñista, chuquisaqueñista, tarijeñista, benianista y/o pandinista); obedece a un sistema de adjudicación de favores, que subyace sobre toda una red compleja de privilegios: toda una administración venal, toda una institución feudal a lo siglo XXI.
No es de extrañar entonces el "abuso de poder" grosero de 30 camiones de contrabando, como tampoco las explicaciones, o la teoría de la conspiración, que pretenden justificar el asunto; forman parte de la misma dinámica y la misma lógica descrita párrafos arriba. Lo que devela –el abuso de autoridad– es la relación jerárquica de la pluralidad de poderes en juego: unos tuertos y otros ciegos, según la conveniencia y la propia dinámica de la jerarquía.
No debe extrañarnos tampoco, que cualquier desafío a este monopolio del nuevo Estado boliviano, sea considerado "delincuencia", o "atentado" contra las leyes y el orden neo-neoliberal; por lo tanto será perseguido, castigado y hasta aniquilado de manera civil.
Ya vivimos una esquizofrenia que galopa, y que el 25 de enero próximo, habremos de auto-diagnosticárnosla colectivamente; sumémosle que en lo abstracto, pretenden seducirnos con la idea de que existe un inclusión –teórica– del Bien Común en todo este movimiento del poder; pero, en lo concreto, no es más que la defensa del interés de una minoría que ejerce poder (políticos, dirigentes públicos y privados, corporativos públicos y privados, de clase, e incluso de la administración pública)
Y como en teoría el Estado no puede superar esta esquizofrenia, porque apela a ella para la adhesión, tampoco habrá de confesar su incapacidad para enfrentar las fuerzas y la dinámica del sistema de "adjudicación de favores"; por lo que el ciclo y retroalimentación del sistema esquizoide es infinito, e ideal para sí mismo –el esquizofrénico es el único feliz en una relación esquizoide– De modo que la teoría de la conspiración, será el único menú de la dieta diaria boliviana.
La adhesión al nuevo proyecto de Estado –en teoría–, es desde la apelación a la ruptura y la subversión de las relaciones sociales de producción neoliberal (amo y esclavo), pero en la práctica se la fomentará, bajo la estricta –y a la vez conveniente– mirada del nuevo Estado boliviano. Lo de los 30 camiones es un preámbulo de lo cotidiano que nos espera.
El nuevo Estado boliviano, oculta desde la seducción del discurso (hacer – desear) su papel represor, su ser garante de la dominación del capital y promueve una imagen de organizador del consenso de la sociedad civil, lo que legitima –en última instancia– su rol de árbitro neutral, de necesaria frontera entre barbarie y sociabilidad, perpetuando su sistema de adjudicación de favores, consolidando su sistema de ejercer poder y abuso de autoridad.
jueves, 22 de enero de 2009
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