Bolivia: Inconsistencia y contradicción política

La inconsistencia, que según el diccionario es falta de cohesión, y la contradicción, o antinomia (anti + nomos o ley), son las dos condiciones catalizadoras de la sandez en este país.

En el anterior artículo, escribí sobre la negación sistemática de Bolivia, a salir del año cero; escribí también, que es el único país –en el planeta tierra– donde el Poder Constituido es superior al Poder Constituyente y es el único país, donde es posible escuchar la corrupción de una manera tan cínica, que raya en el insulto a la inteligencia y decencia del ciudadano común.

En la edición del martes 27 de enero del matutino La Razón, leí unas declaraciones beodas de poder, del viceministro de tierras Alejandro Almaráz, quien decía que “el saneamiento no es un proceso que está comenzado; no necesitábamos de la nueva Constitución para iniciarlo, necesitamos esta Constitución para garantizar una continuidad a largo y mediano plazo”

Líneas más adelante, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque reconocía –en la misma nota de La Razón– que “se trata del polémico artículo 399, que se negoció en el Parlamento (en octubre del 2008) a última hora y también es el costo para viabilizar esta CPE”

Frente a la beodez del abuso de autoridad (tema de otra entrada en este blog) y la inconsistencia política, cínica en su expresión discursiva, el único antídoto que tenemos los ciudadanos, es la lógica; así que, con esa premisa, descifraremos la inconsistencia y la contradicción en estas dos declaraciones (nomás)

Si a este proceso de saneamiento que vemos ahora, "no necesitaba de la Constitución", como dirían los abogados: “a confesión de partes, relevo de pruebas”.

Decir que no necesitaba de la Constitución, es –primero– auto-quitarse legitimidad (inconsistencia política); y –segundo– reforzar la sospecha del despojo: sin geopolítica de seguridad, soberanía alimentaria y desarrollo del país a través de las exportaciones (estrategias de cualquier Estado)

Lo que hemos visto hasta ahora, de reconducción comunitaria de la reforma agraria, han sido tractores donados: una práctica paternalista que fortalece el entusiasmo compulsivo de los gobiernos de turno y acelera el subdesarrollo boliviano; tractores, que cuando se les terminó el diesel, pararon; caminos que llenan páginas en los diarios nacionales, con derrumbes diluvianos sin autoridad que “cumpla” y “haga cumplir” la Ley; campesinos que soportan El Niño y La Niña, sin presencia gubernamental, ni promoción mediática excepto en los casos morbosos.

Lo que sí hay, es mucho discurso y una disentería de millones de dólares que no se ven reflejados en las siguientes cosechas, porque sabe Dios qué destino tienen.

Podrían desglosarse más los discursos aquí señalados y sospechar que otro proyecto de Refundación de Bolivia, subyace en la problemática de tierras; más si se considera que ni el Artículo 398 de la nueva Constitución Política del Estado, ni los Artículos que le preceden o le siguen, abolen el latifundio, sólo lo limitan. Dos lógicas que se contradicen.

“… necesitamos esta Constitución para garantizar una continuidad a largo y mediano plazo” dice Almaraz. “… se trata del polémico artículo 399, que se negoció en el Parlamento (en octubre del 2008) a última hora y también es el costo para viabilizar esta CPE” dice Colque.

La pregunta que enseguida surge es: ¿cuántos artículos más sufrirán el mismo destino que el 399?, si consideramos las revisadas, corregidas y aumentadas que experimentó la NCPE –Sucre, Oruro, Comisión de Revisión y Concordancia, Parlamento–

Latifundio y doble titulación, son definidos en la NCPE como “contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país”: una verdad a medias es tan mortal, como una gota de cianuro en un vaso de agua.

El latifundio, según la NCPE, será a partir de 5000 hectáreas: “…En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas” (Art. 398); es como decir que contrabando es a partir de 33 camiones; menos de 33 es “contravención a la Norma”.

Latifundio y doble titulación: más de 33 camiones y estrategia de supervivencia al neoliberalismo.

La mayoría de los productores de occidente, que llegaron expulsados por el DS 21060 a Santa Cruz, poseen más de una parcela (doble titulación): ¿serán los nuevos expulsados del neoliberalismo de izquierda que gobierna este país?

Latifundio y doble titulación que no cumpla con la Función Económica Social (FES) son “…contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país”: ¿qué pasará con los productores de pequeña escala que adeudan lo perdido por El Niño y La Niña del 2008 y soportan las deudas El Niño 2009? Como dato adicional diré que la mora actual de las casa comerciales del sector agropecuario, es millonaria.

Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) no necesitan preocuparse; lo que equivale a decir que pueden tirarse panza arriba, hacer nada, o esperar a que el Estado les desmonte, les construya sus chapapas, les are la tierra, les consiga mercados: subdesarrollo acelerado.

Latifundio y doble titulación en el que se sospeche de un sistema servidumbral, será revertido sin indemnización. Con relación a este tema, en otra oportunidad hablaremos sobre el DS Nº 29802 y la transferencia de competencias del Judicial al Ejecutivo, en la persona del personero del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y sobre la definición del “sistema servidumbral” en la Ley Nº 3545 y el Reglamento Nº 29215.

La última: Artículo 399 parágrafo I, el famoso artículo que Colque menciona como el “… que se negoció en el Parlamento (en octubre del 2008) a última hora y también es el costo para viabilizar esta CPE”, dice: “Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.

Amnistía para el contrabando hecho antes de la aprobación de la NCPE, menor a 33 camiones!